El 04 de Julio del 2006, Venezuela firmó, su
protocolo de adhesión al MERCOSUR y con él diferentes obligaciones, entre ellas
los “Protocolos de Ushuaia I (2006) y luego
el II (2011), sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR.” En éstos, se
antepone al proceso de integración “la
plena vigencia de las Instituciones democráticas”, en donde la ruptura del orden
democrático en un Estado Parte daría lugar a medidas que abarcarían “desde
la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los
respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y
obligaciones emergentes de esos procesos.”
Otro instrumento que obliga al Régimen
Venezolano a seguir la senda democrática es el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso
con la Democracia”, éste, también antepone al proceso de integración “la plena vigencia de las Instituciones
democráticas”, pero como valor agregado incorpora elementos importantísimos
como “el respeto irrestricto de los derechos
humanos” y las “libertades fundamentales, incluyendo la libertad de opinión y
de expresión”.
Las medidas que se imponen a la violación a
este Protocolo van desde la suspensión a participar en la Organización hasta el
cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión
y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones,
provisión de energía, servicios y suministros.
“La Carta Democrática Interamericana” incorpora el desarrollo
progresivo del derecho internacional en la preservación y defensa de las
instituciones democráticas de las Américas, integrando como elementos
esenciales de la democracia representativa “el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al
poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de
partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los
poderes públicos.”
El artículo 20, numeral IV de este
instrumento es bastante claro:
“En caso de que en
un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte
gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario
General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para
realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar decisiones que
estime conveniente”
En los últimos días el Régimen Maduro/Cabello
creó el “Parlamento comunal”, institución desconocida en nuestra Carta Magna,
ha comenzado una campaña orientada a hacer creer una “posible violación al
sistema electoral”, todas estas acciones concretas están orientadas al
desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano expresada el pasado 06 de
Diciembre en la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional
(Poder Público Legislativo).
Es importante informarle al Régimen que el
cierre o usurpación de funciones
del Poder Legislativo, democráticamente electo, se considera un quiebre o ruptura del orden
constitucional o institucional de un Estado y por lo tanto un Golpe de Estado al Poder Legislativo,
acción que activaría inmediatamente las cláusulas democráticas internacionales
a las que el Estado Venezolano y su Régimen se deben.
La ruptura del orden democrático, de una
violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo
el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios
democráticos darán la señal a los países del continente para poner en acción
los mecanismos de defensa de la Democracia anteriormente descritos.
Como venezolanos y patriotas no deseamos que
elementos foráneos resuelvan nuestras diferencias es por ello que el pasado 06
de Diciembre el Pueblo habló, y hablo muy claro a través de votos. Respeten la
voluntad del Soberano.
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